Problema:

Ley de Ciber seguridad y el debate sobre libertad y soberanía digital

Durante el segundo semestre del 2024, el gobierno federal propuso al Congreso de la Unión una Ley Federal de Ciberseguridad, con el argumento de fortalecer la capacidad del Estado para proteger a la nación ante amenazas cibernéticas crecientes, como ataques a las instituciones públicas, robo de datos personales, campañas de desinformación y sabotaje a un sistema críticos (como energía, finanzas, salud y trasporte).

La propuesta incluyo crear una Agencia Nacional de Ciber seguridad como órgano desconcentrado de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadanas (SSPC). Esta agencia tendrá facultades como:

-Supervisar la ciberseguridad de entidades públicas y privadas.

-Emitir lineamientos obligatorios sobre infraestructura digital.

-Coordinar con empresas de Telecomunicaciones e internet

-Intervenir redes o equipos en caso de “amenazas inminentes”

-Colaboración con organismos internacionales.

Reacciones y controversias.

Aunque el objeto de la ley fue bien recibido en generar, varios sectores manifestaron preocupaciones legítimas:

-Organizaciones civiles y académicas criticaron la ambigüedad de los términos como “amenazas inminentes” o “intervención de redes”, advirtiendo que podrían permitir vigilancia masiva y violaciones al derecho a la privacidad sin orden judicial.

-Empresas tecnológicas señalaron que la ley no garantiza reglas claras sobre la protección de datos ni estándares internacionales.

-Expertos constitucionalistas cuestionaron si algunas facultades podrían violar los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.