Problema

Don Felipe es un campesino de 65 años que vive en una comunidad rural del estado de Puebla. Desde hace más de 30 años, él y otros vecinos utilizan un camino vecinal que atraviesa terrenos ejidales para llegar a la cabecera municipal, donde se encuentran la escuela, el centro de salud y el mercado.

Hace dos meses, el presidente municipal, sin consultar a la comunidad, ordenó cerrar ese camino con un portón, argumentando razones de seguridad. Don Felipe considera que esta acción viola su derecho de libre tránsito y de acceso a servicios públicos.

Con la ayuda de una organización de derechos humanos, Don Felipe promueve un juicio de amparo indirecto ante un juzgado de distrito, solicitando la protección de la justicia federal para que se reabra el camino.

Don Felipe, como directamente afectado, promueve el juicio de amparo para defender sus derechos.

El proceso se lleva a cabo ante el Poder Judicial de la Federación, mediante los cauces legales establecidos. La sentencia, en caso de concederse, sólo beneficiará a Don Felipe y no a todos los habitantes, a menos que también interpongan juicio.

Se cumple porque Don Felipe no cuenta con otro recurso legal ordinario para impugnar el cierre del camino, ya que fue una acción directa del ayuntamiento.

Antes de que se dicte sentencia, el ayuntamiento decide reabrir el camino, argumentando que fue un malentendido y que ya no existe el acto reclamado.

El juez de distrito determina que ya no subsiste el acto reclamado, y en consecuencia, dicta el sobreseimiento del juicio, ya que desapareció el motivo de la queja.

Pruebas que el abogado tiene de la inocencia de Juan Pérez:

-Video de una casa a la hora de lo sucedido en donde se ve a Juan platicando con un vecino

– Testigo que vio quienes salieron de la tienda al momento que sucedieron los hechos

-Testigo: vecino con el que estaba platicando Juan a la hora pasaron los acontecimientos.