Problema

Reforma urgente ante una crisis presupuestaria.

Contexto: En el segundo semestre del año 2025, México enfrenta una grave crisis presupuestaria. La caída internacional  de los precios del petróleo y una baja significativa en la recaudación fiscal han reducido los ingresos del Estado.  Como consecuencia el Ejecutivo Federal propone una reforma para reasignar 80 mil millones de pesos de diversos programas de infraestructura y subsidios hacia el sector salud, con el fin de evitar la suspensión de servicios médicos esenciales y la escasez de medicamentos de hospitales públicos.

Intervención del Congreso de la Unión, que debe actuar con rapidez. Sin embargo, el proceso legislativo implica respetar la estructura bicameral:

• La Cámara de Diputados, como cámara de origen en materia presupuestaria, debe aprobar primero la resignación.
• El Senado de la República, como cámara revisora, debe ratificar o modificar el dictamen.

Además, los legisladores deben operar de la organización interna del Congreso, que incluye:

• Mesas directivas responsables de ordenar el debate.
• Comisiones de presupuesto, Hacienda y Salud, donde se analizan y dictaminan la propuesta.
• Grupos Parlamentarios, con intereses y posturas divergentes que dificultan la negociación.

Funciones del Congreso puestas a prueba:

1. Función legislativa: analizar, debatir y aprobar (o rechazar) la propuesta del ejecutivo.
2. Función del control: vigilar que la reasignación respete la legalidad y no vulnere derechos adquiridos.
3. Función representativa: escuchar la voz de los ciudadanos, especialistas y sectores afectados antes de votar.
4. Funciones presupuestarias: garantizar el uso correcto y responsable de los recursos públicos.

Conflictos identificados:

Diputados de oposición: sostienen que quitar recursos a programas de infraestructura vulnera derecho adquiridos y afecta el desarrollo regional.

Senadores de diferentes partidos: Senadores de diferentes partidos: exigen audiencias públicas con expertos del sector salud y organizaciones civiles, lo que podría retrasar la aprobación.

Presión social creciente: hospitales y asociaciones médicas advierten que, si no hay fondos, miles de pacientes quedarán sin tratamiento.

Choque de tiempos: el Ejecutivo presiona por aprobar la reforma en menos de 30 días, mientras legisladores reclaman un análisis profundo.