Problema

 «Orden sin ley: El abuso policial en la protesta ciudadana de República Nova»

La República Nova es un país democrático con una Constitución que reconoce las libertades fundamentales: libertad de expresión, de reunión pacífica y el derecho al debido proceso. En los últimos años, ha habido un creciente descontento ciudadano por la falta de empleo, la corrupción en las instituciones y la escasa inversión en salud y educación.

La ciudadanía ha comenzado a organizarse y a ejercer su derecho a la protesta, siguiendo los cauces legales establecidos por la Ley de Participación Ciudadana.

Hechos del caso

El 15 de mayo de 2025, se convocó una manifestación pacífica en la capital del país, Ciudad Central, por parte de una organización estudiantil, legalmente registrada. El objetivo era exigir mayor transparencia en el uso del presupuesto educativo.

• La protesta fue notificada previamente a las autoridades conforme a la ley.
• Participaron aproximadamente 3,000 personas, incluyendo familias, jóvenes, adultos mayores, periodistas y activistas.
• A las 11:45 a.m., cuando los manifestantes comenzaron a acercarse a la sede del Congreso, un grupo de agentes de la policía antimotines bloqueó el paso sin dar explicación y comenzó a dispersar la manifestación con gas lacrimógeno y toletes, sin una orden judicial ni previa advertencia.
• Se reportaron 25 personas heridas, incluyendo 3 periodistas con credencial oficial y 4 menores de edad.
• La policía detuvo a 40 personas, incluyendo a 10 estudiantes que no participaban en disturbios. No se les permitió comunicarse con sus abogados por más de 12 horas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió una carpeta de investigación por violaciones a los derechos humanos.

• El Ministerio del Interior negó uso excesivo de la fuerza, alegando que existía riesgo de desorden público, aunque no presentó evidencia de agresiones por parte de los manifestantes.
• Videos ciudadanos y transmisiones en vivo mostraron que la manifestación era pacífica y que el primer acto de violencia vino de los cuerpos policiales.

El caso fue llevado ante la Corte Constitucional, que falló lo siguiente:

• Se reconoció la violación al derecho a la protesta pacífica, al debido proceso legal y a la libertad de expresión.
• Se ordenó reparación del daño para las víctimas.
• Se exigió una revisión y reforma del protocolo de actuación de las fuerzas policiales en contextos de protesta social.

El Estado de derecho se basa en el principio de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el gobierno o sus fuerzas armadas. Este caso muestra:

• La seguridad pública no puede usarse como excusa para reprimir la participación ciudadana.
• Las autoridades deben actuar con legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.
• Los controles institucionales, como la CNDH y el Poder Judicial, son esenciales para proteger a la ciudadanía y garantizar el equilibrio de poderes.
• La actuación arbitraria de la policía refleja una ruptura del Estado de derecho y una amenaza a la democracia.