El 4 de abril de 2001, la CIDH emitió el Informe de Fondo No. 53/01 declarando la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación a diversos derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tales como: la violación de los derechos a la integridad personal, a la protección de la honra y de la dignidad, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial efectiva; además, en el caso de Celia González, por la violación de los derechos de la niñez, establecidos en el artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

​A pesar de las reiteradas solicitudes por parte de las hermanas González y sus representantes para que la investigación del caso fuera remitida a una instancia civil y no continuara en jurisdicción militar –a donde fue remitida desde 1999–, fue hasta el 24 de marzo de 2014 que la averiguación previa se remitió a la Dirección General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), dando inicio a una nueva averiguación. Finalmente, a inicios de 2016, la indagatoria fue traslada a la Unidad Especializada para Investigar el Delito de Tortura en la PGR (ahora Fiscalía General de la República), quien hasta la fecha continúa con la integración de la investigación.

​Tras 26 años de conocer los hechos, el Estado mexicano continúa debiéndole a las víctimas acceso a la justicia: la SEDENA ha obstaculizado la investigación negándose a proporcionar información completa y legible a los agentes ministeriales de la FGR.  Por lo tanto, la recomendación emitida por la CIDH, que obliga a investigar de manera completa, imparcial y efectiva los hechos ocurridos el 4 de junio de 1994 en contra de las hermanas González y su madre, no ha sido cumplida por parte del Estado.

En lo que respecta a la segunda recomendación que emitió la CIDH en 2014, las organizaciones representantes iniciaron un proceso para consolidar un plan de reparación para las Hermanas González Pérez y su madre, el cual debe ser conforme a su cosmovisión y sentido de sanación.

​Como parte del proceso de reparación, el 18 de octubre de 2019, en Ocosingo, Chiapas, se llevó a cabo un acto de disculpas públicas por parte del Gobierno Federal, en el cual estuvo presente la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, quienes ofrecieron una disculpa a las hermanas González y su madre. La disculpa también estuvo dirigida a las comunidades de la región por las violaciones a sus derechos humanos cometidas por elementos del Ejército mexicano en medio de un contexto de represión en contra de los pueblos indígenas en Chiapas. Sin embargo, a pesar de las reiteradas solicitudes hechas por las víctimas, no existió ningún representante de la SEDENA en dicho acto.

​Por lo tanto, el Estado mexicano sigue estando en deuda para continuar con la implementación de debidas acciones que lleven a garantizar de manera efectiva el derecho a la reparación integral en favor de las Hermanas González y su madre.

​Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos. (s. f.). Caso de las hermanas González Pérez. Consultado en: http://cmdpdh.org/casos-paradigmaticos-2-2/casos-defendidos/caso-hermanas-gonzalez-perez-2/