El artículo 11 constitucional establece lo siguiente:

«Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su
territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.

El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad
judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que
toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la
República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y
el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley
regulará sus procedencias y excepciones.»

​En México, el debate sobre la inconstitucionalidad de las casetas de cobro se ha basado en varios argumentos legales  y constitucionales. Aunque no hay un fallo definitivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declara inconstitucionales todas las casetas de cobro, ha habido amparo y resoluciones específicas en casos particulares. 

Se argumneta que las casetas violan el derecho al libre transito, pues imponen un pago obligatorio para usar las carreyeras federales.  Sin embargo la SCJN ha determinado que este derecho no impide el cobro de cuotascuando usan autopistas consesionadas, siempre que existan rutas alternas libres de peaje.