El artículo 29 constitucional establece lo siguiente:

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«En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión, y en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de receso, se convocara sin demora al Congreso para que las acuerde.»

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Ahora bien, las autoridades del municipio de Monterrey, con motivo de la contingencia por el COVID-19, anunciaron a los ciudadanos de la aplicación del toque de queda a partir del lunes 14 de junio del 2020, y desde dicha fecha la autoridad gubernamental prohibió a los ciudadanos el salir a las calles después de las 22:00 horas, así como también quedaron prohibidos los mercados rodantes, estableciendo como medida de sanción el toque de queda, es decir la detención por 36 horas, así como el pago de una cuantiosa multa. 

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No obstante, un grupo de personas del llamado Frente Monterrey, protesto de forma pacífica a las afueras del Palacio municipal, proclamando y exigiendo el respeto a las garantías de libre tránsito y trabajo.