En el año 2012, Juan, un trabajador de una empresa automotriz adquirió una propiedad en un fraccionamiento de un municipio de la periferia. Cuando se acercó a la inmobiliaria le prometieron excelentes servicios como patrullaje continuo y un guardia de seguridad en la entrada de la colonia. Era un lugar seguro y acogedor, sus vecinos y la comunidad en general eran personas amables y honestas: “cada uno trabaja en lo suyo, pero siempre podemos contar unos con otros” comentaba Juan.

​Para el año 2016 se inició la venta del segundo sector de dicho fraccionamiento. Esta nueva zona estaba destinada a personas con un menor poder adquisitivo, por lo que la colonia no tendría el nivel de seguridad igual al del primer sector. La comunidad en general consideraba la ampliación como “algo bueno”, ya que significaba un mayor desarrollo urbano y podrían llegar nuevos comercios que sólo existían en la ciudad y no en la periferia.

​Recientemente, los vecinos del primer sector han convocado una reunión de algunos miembros, entre los que figura Juan, y el director de la inmobiliaria. Argumentan que desean “blindar” su zona mediante la construcción de una barda perimetral a lo largo de un predio baldío que divide los sectores; así como aumentar el número de guardias y policías.

A pesar de no haber experimentado ningún inconveniente con los habitantes del nuevo sector, consideran que es necesario prevenir pues “se han visto las condiciones y calidad de vida de los otros y no son de fiar”, argumenta una mujer. Juan, por su parte, considera que “no falta mucho para que descubran que acá se vive mejor y vengan a delinquir”. Finalmente, una pareja de ancianos, quienes administran una tienda de abarrotes local, menciona que “han visto a los nuevos y no son como nosotros, no los conocemos y no debemos arriesgarnos al convivir con alguien peligroso”.